Las togas merecidas
09 May. 2023
Las togas constituyen símbolos de seriedad y respeto hacia los ministros, magistrados y jueces, encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con absoluta imparcialidad, es decir, sin vínculos ni intereses con las partes involucradas y con absoluta independencia a la hora de firmar una sentencia, sin permitir influencias ni presiones de otros poderes. La toga simboliza la excelencia de los que saben, la dignidad profesional, al ser uno de los signos de identidad más sobresalientes del Poder Judicial. Saber obliga y debe obligar, a quienes visten la toga con dignidad, de acuerdo a sus convicciones éticas, para no sucumbir ante la corrupción política operada por chantajistas profesionales, cobradores de deudas pasadas inconfesables, sin caer tampoco en la tentación de los sobornos económicos que facilitan la compra de la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de la sociedad en el valor e importancia de la ley con todas sus consecuencias de las que da cuenta y razón la historia.
El día de ayer, histórico de cara al futuro inmediato de nuestro país, 9 votos de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia en pleno, validaron el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán, uno de los héroes más destacados de la patria, decisión con la cual anularon la primera parte del "Plan B" por "claras violaciones" al proceso legislativo, "una transgresión al principio de deliberación democrática", porque "no se conoció a tiempo para su discusión en la cámara de origen" ni se observó lo dispuesto por el reglamento de la materia, argumentos, entre otros más, en los que se fundó la resolución que dejó sin efectos el auténtico aborto legislativo, político, económico y social propuesto por el C. presidente de la República, relativo a las reformas electorales 22/23.
La señora ministra Ríos Farjat, otra perínclita heroína, apoyó la propuesta de Pérez Dayán y echó por tierra una corriente de rumores infundados, al señalar que no se pudo dar un debate en la Cámara de Diputados al "carecer la oposición de la oportunidad de analizar la iniciativa". La misma invalidez fue apoyada por el ministro Juan Luis González Alcántara, por Luis María Aguilar, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo, todos ellos merecedores de una toga, para ya ni hablar de Norma Piña, la presidenta de nuestro máximo tribunal, de cuyo patriótico desempeño habrá de ocuparse, de hecho, ya se ocupa con la debida justicia, la dolorida historia de México.
Respecto a Zaldívar, quien justo es reconocerlo, votó también a favor de la propuesta de Pérez Dayán para impedir que México volviera a caer en una nueva y catastrófica dictadura, habrá de llevar a cabo inmensos esfuerzos por reparar su imagen como juzgador libre e independiente, después de haber convertido en astillas su prestigio como presidente de la Corte.
Respecto a Esquivel y Ortiz, que votaron en contra de la estabilidad y del futuro de la patria, al considerar que "no existían motivos suficientes para invalidar la iniciativa" de AMLO orientada a "mandar al diablo a las instituciones de la República", propondría una degradación, parecida al derecho penal militar, por medio de la cual el acusado es despojado de su grado, uniforme, armas, insignias, condecoraciones, dignidades, honores, remuneraciones y beneficios correspondientes, quedando expulsado de la institución militar. La pena se ejecuta habitualmente en una ceremonia solemne, en público o ante la tropa.
En la especie que nos ocupa, dichas juzgadoras, violadoras de su protesta constitucional para acceder al cargo, se les debería desprender, también en ceremonia solemne, de sus respectivas togas, ya que para ambas, según la versión de un novelista decimonónico, este digno atuendo no implica respeto hacia los ministros, ni es símbolo de imparcialidad, al tener intereses con las partes involucradas, ni gozan de absoluta independencia a la hora de firmar una sentencia, y, por el contrario, permiten influencias y presiones de otros poderes, por lo que se les debe expulsar de nuestro máximo tribunal.
El voto de 9 personajes del Poder Judicial cambió, por lo pronto y para bien, el destino de 130 millones de compatriotas.
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